Audiencia sobre el Plebiscito por la paz

02/06/2016
Por: Cinthya Carrillo Perdomo

El pasado jueves 26 de mayo se celebró en la Corte Constitucional una audiencia pública en la que los magistrados y magistradas del alto tribunal escucharon a los representantes del Gobierno, empezando por el propio presidente Juan Manuel Santos; a sectores de la oposición; a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y a representantes de la academia sobre su posición en relación con el Proyecto de Ley Estatutaria Nº 94/2015 Senado; Nº 156/2015 Cámara “por la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, más conocida como la ley estatutaria sobre el plebiscito refrendatorio.

La realización de esta audiencia es particularmente significativa porque le permitió al país conocer las posiciones y los argumentos de diversos actores sobre los asuntos que están en discusión en relación con los acuerdos de paz: ¿es necesaria la refrendación ciudadana para que los acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP entren en vigor?, ¿es el plebiscito el medio idóneo para llevar a cabo esa refrendación?, ¿los funcionarios públicos pueden hacer campaña a favor de la refrendación?, entre otros.

Frente a la primera pregunta se ventiló una posición que se fue fortaleciendo a medida que avanzaba la audiencia. Si bien la validez jurídica de lo que se pacte en las negociaciones está dada por el acuerdo mismo, la refrendación ciudadana es un acto político necesario que garantiza que la sociedad en su conjunto genera empatía con lo acordado y ve los acuerdos como un instrumento necesario en la búsqueda de la paz. Se insistió en que la refrendación ciudadana ha sido un escenario que ha permitido en otros contextos, como en el conflicto de Irlanda, proteger el contenido de lo acordado con el paso de los años.

En relación con la pregunta sobre la idoneidad del plebiscito se discutió acerca de si este mecanismo es el más adecuado para que se de la refrendación por parte de la sociedad. Hubo quienes, como la Procuraduría General de la Nación, sostuvieron que una verdadera refrendación se logra con un referendo y no con un plebiscito al que además se le han modificado los umbrales de aprobación. No obstante, hubo quienes sostuvieron que en la medida en que la refrendación es un acto político, su validez no depende de si se logra por plebiscito, referendo o consulta popular.

Por último, con respecto a la posibilidad de que funcionarios públicos hagan campaña a favor de la refrendación, el debate confrontó dos posiciones. Por una parte están quienes solicitaron que se prohibiera cualquier tipo de expresión que favorezca o perjudique las diferentes perspectivas sobre el tema, como lo sostuvo la Defensoría del Pueblo. Por otro lado están quienes, como el Gobierno, afirman que en este caso los funcionarios sí pueden apoyar la iniciativa de refrendación sin que ello viole la prohibición de participar en política. Decir lo contrario equivaldría a eliminar su posibilidad de intervenir en el debate y, con ello, cercenar su libertad de expresión dentro de la búsqueda de un fin constitucionalmente válido como la paz.

En las próximas semanas será la Corte quien tenga la última palabra sobre estos interrogantes.

Fotografía extraída de:
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=87332