El factor inamovible para la construcción de la paz: las mujeres

05/04/2016
Por: Cinthya Carrillo Perdomo

Diferentes tipos de conflictos armados en el mundo han mostrado que la violencia contra las mujeres se intensifica una vez los acuerdos de paz son firmados. Este hecho motiva la voz que desde diferentes organizaciones de mujeres se ha venido repitiendo y que desde organismos internacionales e instituciones nacionales se ha reafirmado: las violencias que sufren las mujeres en el marco del conflicto armado no se desarrollan en el marco de una relación unicausal, es decir, no surgen por la sola existencia de la violencia armada. Por el contrario, la discriminación y violencia en contra de las mujeres se expresa cotidianamente, en diversos escenarios, a través de actores heterogéneos y bajo diferentes formas. En el marco del conflicto armado estas violaciones a sus derechos continúan, se agudizan y se degeneran, razón por la cual tras la firma de los acuerdos de paz pueden permanecer, extenderse y profundizarse. En la búsqueda de la erradicación de estas violencias está el inicio del camino hacia la paz.

 Los casos de violencia sexual en contra de las mujeres son un ejemplo de lo dicho anteriormente. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dentro y fuera del contexto de violencia armada hay más de 160.000 casos valorados en los últimos 10 años. En otras palabras, durante los últimos 10 años, 46 mujeres han sido víctimas de violencia sexual cada día. Por otro lado, según cifras del Registro Único de Víctimas los casos reportados únicamente dentro del conflicto armado en los últimos 30 años sobrepasan los 12.000,  cifra que contrasta con investigaciones que hablan de más de 480.000 casos en tan solo un periodo de nueve años (OXFAM, 2011). El número de mujeres víctimas de violencia sexual dado por las entidades oficiales y las organizaciones permite evidenciar que este tipo de agresión persiste dentro del contexto de la violencia sociopolítica, sin dejar de existir fuera de él.

La diferencia entre el registro de violaciones sexuales reportadas por las fuentes oficiales y las no oficiales son un indicador de la falta de denuncia y la poca confianza que tienen las mujeres hacia las instituciones estatales, lo que añadido a la deficiencia en la  actuación de los operadores judiciales aumenta cada vez más la impunidad que existe en los casos de violencia sexual: solo uno de cada cinco casos se reporta y de estos casos solo dos entre cien llegan a ser susceptibles de establecer una condena.

Como consecuencia del cese al fuego unilateral que las FARC decretaron a finales del 2014 hubo una reducción en el número de personas desplazadas y de víctimas mortales, lo cual es resultado, entre otras causas, de la disminución de los combates. Este cambio es esperanzador al dejar entrever lo que puede llegar a ser el futuro de Colombia si se firma la paz. Sin embargo como ya se sostuvo antes, para las mujeres el silenciamiento de las armas no implicará en sí mismo la finalización de la violencia en su contra.

En Guatemala, por ejemplo, tras la firma de los Acuerdos de paz se registró un aumento de homicidios basados en el género, lo que en parte se explica por la desmovilización de los combatientes y las transformaciones en las relaciones de género, que se derivaron de esta. En Estados Unidos diferentes medios registraron el aumento de la violencia en contra de las mujeres en el hogar y su muerte a manos de soldados que volvían de Afganistán o de Irak (Amnistía Internacional, 2004, p. 35). De este fenómeno también fueron testigos las cerca de dos millones de mujeres violadas tras la entrada del Ejército Rojo a Alemania después de finalizada la Segunda Guerra Mundial.

El retorno de excombatientes a comunidades receptoras, que en muchos casos se caracterizan por condiciones de pobreza y falta de oportunidades, posee grandes riesgos para las mujeres que habitan estas zonas. Esto se debe no sólo al retorno de los desmovilizados, sino también a las consecuencias desestabilizadoras que se generan en el tejido social cuando las relaciones al interior de la comunidad se deterioran, el miedo se teje alrededor del silencio y la desconfianza hacia las entidades estatales aumenta. En este escenario las mujeres se exponen a un aumento de los casos de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de embarazos adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual. A esto se le agrega el mayor riesgo al que se exponen las mujeres que ejercen su derecho a la organización, a la participación política y trabajan en el liderazgo de procesos encaminados a la búsqueda de la verdad y la reparación (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 94).

Encontrarse cerca del cierre de más de 50 años de conflicto armado  presenta una oportunidad inigualable de construir nuevas bases democráticas para el país. El reto es abrumador y no existe una sola fórmula que logre abarcar todos los procesos que se deben poner en marcha para incentivar las reformas buscadas. A pesar de esto, existe una variable que se debe mantener en todas las ecuaciones, la cual con seguridad puede trazar el mejor camino para iniciar el cambio y garantizar la sostenibilidad de la paz: la erradicación de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres.

La investigación Sexo y paz mundial, publicada en 2012 por tres investigadoras y un investigador de la Universidad de Columbia, sostiene que el mejor indicador para evaluar la estabilidad y sostenibilidad de la paz de un Estado radica en determinar qué tan bien son tratadas las mujeres en el marco de las relaciones sociales del país. En efecto, el estudio establece una relación que muestra que entre mayor es la brecha de género, menores son los índices de crecimiento económico del país, menor es la expectativa de vida tanto de mujeres como de hombres, mayores son la tasa de enfermedades infecciosas y de VIH y, por último, que hay un mayor nivel corrupción gubernamental, percibida y real, entre otras variables. En la misma línea, entre más altos son los niveles de violencia en contra de las mujeres, será más probable que el Estado no cumpla las normas internacionales, tenga peores relaciones con países vecinos, mayor sea el riesgo de involucrarse en conflictos internos y recurra más frecuentemente al uso de la violencia ante cualquier conflicto (Sex and World Peace, 2012).

Dichas conclusiones no deben caer en saco roto teniendo en cuenta la actual situación de nuestro país. Los nuevos cambios se deben erigir sobre nuevos pensamientos y la construcción de la democracia se debe sostener sobre los “hombros de la igualdad de género”. Al enfrentar nuestro país un conflicto armado y estar cerca de su finalización negociada, se abren las puertas a una variedad de posibilidades que despejan el paso a profundas reformas culturales, sociales, económicas y políticas sobre las cuales se puede construir una paz para las mujeres, y así, una paz extendida a toda la sociedad.

Foto por: Sinestesia ONG