Habitantes de la calle: ¿un problema de seguridad o una problemática de derechos humanos?

02/06/2016
Por: Diana Carolina Acuña Quintero

Tras la intervención que se está adelantando en el deprimido sector de “El Bronx” o “La L”, el dilema que se le presenta al Distrito de Bogotá es determinar cuál será el trato que se le dará a los habitantes de calle farmacodependientes.

El fin de semana anterior, el Distrito dio inicio a un espectacular operativo de intervención en una de las zonas más peligrosas y más deprimidas de la ciudad. Zona en la que también se encuentran la mayoría de las personas de la población farmacodependiente que habitan en las calles de la ciudad.

El llamado “Bronx” ha resonado en los medios de comunicación en diferentes momentos de la historia reciente. Es una L conformada por un par de cuadras de casas semi -destruidas, ubicadas a pocas calles de los más importantes lugares históricos de Bogotá y de los principales edificios de Gobierno Nacional y Distrital. En este lugar confluyen los más grandes fenómenos que generan inseguridad en una ciudad: homicidio, hurto, esclavitud de mujeres y niños, tráfico de drogas, de armas y hasta de personas. En su interior gobierna la ley del más fuerte, del más cruel y del más poderoso.

En este lugar, junto con la delincuencia, conviven la gran mayoría de habitantes de la calle de Bogotá, oriundos de la ciudad, de cualquier otra parte del país y hasta de otros países del mundo. Según cifras oficiales en la zona habitan (o habitaban) aproximadamente 2.000 personas en condición de calle.

Muchas de estas personas están al servicio de las mafias que gobiernan en la zona, por ejemplo, siendo campaneros, es decir alertando la presencia de las autoridades o brindando apoyo a otras actividades delictivas. Normalmente estos servicios son prestados a cambio de dosis de droga, ya que el 95% de quienes habitan la calle son personas con farmacodependencia.

Otras muchas de estas personas han sido también usadas por las bandas criminales como escudos humanos en sus enfrentamientos con la fuerza pública y en el encubrimiento de actividades de tipo ilícito.

Después del operativo de intervención, además de las muy pocas capturas y las muchísimas detenciones de personas en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), se dio el desalojo de todos los habitantes de la calle que estaban en el lugar, es decir, de las aproximadamente 2.000 personas farmacodependientes que allí habitaban.

Lo anterior, generó que se diera su desplazamiento a otros lugares aledaños a la zona, como la Plaza España, San Andresito y Cinco Huecos[1], en donde se han presentado situaciones de enfrentamiento con la fuerza pública, que ha intentado desalojarlos de estos nuevos espacios. No es clara entonces la posición de la Alcaldía de Bogotá con respecto a cuál será el espacio que se dispondrá para su reubicación.

Además, el Distrito de Bogotá se enfrenta a otro dilema, ya que deberá determinar cuál será el abordaje que se le dará al tema, es decir, si considerará a los habitantes de calle como un problema de seguridad, es decir, si los perseguirá igual que a los miembros de las bandas criminales, que es lo que en primera medida parece estar haciendo, o si reconocerá que se encuentra ante una problemática de derechos humanos.

Vale la pena decir entonces que las personas habitantes de la calle han sido consideradas como sujetos de especial protección constitucional, entendiéndolos como personas farmacodependientes, es decir, enfermas y dependientes de las sustancias psicoactivas.  Sin embargo, a la fecha no existe una política pública eficaz que contenga la ruta de atención y que contribuya a la garantía de sus derechos.

Por consiguiente, si el enfoque de la administración distrital sigue siendo el de atender el tema de los habitantes de calle como una problemática de seguridad, los enfrentamientos con la fuerza pública por los espacios para reubicarse continuarán siendo recurrentes. Asimismo, aumentará la sensación de inseguridad y los daños en espacios y establecimientos públicos.

El tratamiento que se debe dar a una problemática de derechos humanos, derivada de un tema de salud, es diferente a la respuesta a un problema de seguridad. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que el compromiso con la garantía de los derechos humanos es una condición indispensable y transversal a cualquier tratamiento médico, partiendo de la idea de que la drogadicción constituye ante todo un problema de salud pública y no una infracción penal. La dignidad, la autonomía personal y la prohibición de tratos crueles y degradantes son postulados irrenunciables.

En cambio, si el Distrito de Bogotá, como las administraciones de otras tantas ciudades del mundo, entiende a las personas en condición de calle como seres humanos y como un problema separado y diferente de las organizaciones criminales, deberá empezar tratar el tema en perspectiva de derechos humanos, es decir a implementar centros de rehabilitación públicos especializados, a fomentar campañas de prevención y rehabilitación de sustancias psicoativas, entre otras muchas acciones que hacen parte de una respuesta asertiva a una problemática de derechos humanos.

[1] Zona cercana al Hospital San José. Es otra calle similar a la L.

Fotografía extraída de: eltiempo.com